Son las 8:15 de la mañana y la fila ya ocupa buena parte del pasillo del segundo piso de la Casa de Justicia de Kennedy. Una mujer sostiene una carpeta de cartón contra el pecho mientras mira de reojo la puerta marcada con el letrero "Atención a mujeres víctimas de violencias". A su lado, otra revisa una y otra vez la pantalla del celular. Solo se escucha el llamado de los turnos y el murmullo de quienes esperan ser atendidos. Afuera, el ruido de los buses y los vendedores recuerda que la ciudad sigue su curso. Adentro, cada turno representa una historia distinta de miedo o búsqueda de ayuda.
Capítulo I. La demanda de atención.
Hasta 1932, las mujeres no eran consideradas sujetas plenas de derechos y carecían de autonomía para tomar decisiones. Por ello, durante más de cincuenta años, el conflicto armado utilizó la violencia sexual, el desplazamiento forzado y la esclavitud como mecanismos de dominación y terror por parte de los actores armados.
Casi un siglo después, la violencia basada en género continúa siendo una de las problemáticas más persistentes en Bogotá. Aunque el Distrito dispone de rutas de atención, programas especializados y un marco jurídico, miles de casos siguen llegando cada año a las instituciones encargadas de brindar acompañamiento, protección y acceso a la justicia.
Kennedy, además de ser la localidad más poblada de la ciudad, concentra una de las mayores demandas de atención para mujeres víctimas de violencias basadas en género.
De acuerdo con el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género y la Secretaría Distrital de la Mujer, durante 2025 la Estrategia Justicia de Género registró en Kennedy 1.817 atenciones psicosociales y 3.797 atenciones sociojurídicas. En total, la localidad acumuló 5.614 atenciones relacionadas con mujeres que acudieron a la institucionalidad en busca de orientación, acompañamiento o protección.
Las atenciones psicosociales se entienden como el acompañamiento emocional y la orientación especializada para mujeres que han vivido situaciones de violencia. Las atenciones sociojurídicas, por su parte, incluyen asesoría legal, orientación para presentar denuncias, información sobre medidas de protección y acompañamiento durante los procesos judiciales.
Entre enero y febrero de 2025, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 27.385 atenciones, de las cuales 20.835estuvieron relacionadas con situaciones de violencia. Esto significa que cerca del 76 % de los servicios prestados durante ese periodo respondieron a casos de mujeres que enfrentaban algún tipo de agresión. Kennedy fue la localidad que registró el mayor número de atenciones.
Entre enero y junio de 2025, Bogotá registró 10 feminicidios oficialmente tipificados, es decir, casos en los que el delito reconoce que el crimen estuvo motivado por el machismo, la misoginia o la discriminación por razones de género. En ese mismo periodo, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 173.545 atenciones, de las cuales 106.388 estuvieron relacionadas con violencias basadas en género.
De acuerdo con Medicina Legal, Kennedy, junto con las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Suba, concentró el 74 %de los feminicidios tipificados en Bogotá durante 2024. Además, cada día se reportan en la ciudad cerca de 94 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y alrededor de 17 mujeres víctimas de violencia sexual, cifras que permiten dimensionar la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer las rutas institucionales de atención.
Por otra parte, la Alcaldía Local de Kennedy no presta atención directa a las mujeres víctimas de violencia. Su función principal consiste en orientar a las ciudadanas, divulgar las rutas de atención y articular el trabajo con las entidades competentes.
Como explicó Catherine Morales, asesora del despacho de la Alcaldía Local de Kennedy: "Nuestro rol se centra en la prevención, la orientación y la articulación institucional. Desde la Alcaldía no hacemos atención; ese rol lo tienen otras entidades".
Morales explicó que, cuando una mujer se acerca a la Alcaldía Local buscando ayuda, el procedimiento consiste en orientarla y remitirla a la entidad competente según la situación presentada. Dependiendo del caso, la articulación se realiza con la Secretaría Distrital de la Mujer, las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, el sector salud o las Casas de Justicia.
Capítulo II. La demanda de atención y la oferta institucional.
Según el Informe de Rendición de Cuentas 2025 de la Secretaría Distrital de la Mujer, la entidad cumplió el 100 % de los servicios priorizados del modelo de Casas de Igualdad de Oportunidades.
Este modelo ofrece atención profesional a las ciudadanas en áreas como orientación psicosocial y asesoría sociojurídica. La entidad reportó una ejecución del 99,8 % de las actividades necesarias para mantener estos servicios en las veinte localidades de Bogotá. Durante 2025 se realizaron 11.185 atenciones psicosociales, 12.912 atenciones sociojurídicas y 15.529 primeras atenciones en Bogotá.
Por otra parte, la estrategia Mujer Contigo en tu Barrio/Vereda desarrolló 692 jornadas territoriales, mediante las cuales fueron atendidas 48.605 mujeres en diferentes localidades de la ciudad.
La Secretaría también fortaleció la prevención de la violencia. Implementó la estrategia "Tu Voz" en Santa Fe, Los Mártires y Kennedy. Según el informe, la iniciativa llegó a 433 personas. El objetivo fue reconocer señales de violencia, fortalecer redes de apoyo y promover el conocimiento de la ruta institucional de atención.
Asimismo, se realizaron 170 actividades de prevención del acoso sexual y del feminicidio, las cuales alcanzaron a 5.565 personas en distintos escenarios. El documento también registra inversiones para fortalecer los Centros de Inclusión Digital, entre ellos el ubicado en Kennedy.
Las cifras institucionales muestran el alcance de la oferta. Sin embargo, quienes trabajan directamente con las mujeres ofrecen otra lectura sobre esos resultados. Catherine Morales señaló que estas cifras deben interpretarse con cautela.
Desde la experiencia institucional, explicó que un mayor número de atenciones no necesariamente significa que la violencia haya aumentado. También puede reflejar que más mujeres conocen las rutas de atención, confían en las instituciones y deciden denunciar o buscar acompañamiento profesional.
Tatiana Sáenz, formadora de la Manzana del Cuidado de Timiza, confirmó que la atención a víctimas hace parte de la realidad cotidiana del servicio. Explicó que la frecuencia con la que identifican casos de violencia es "media-alta". Aunque señaló que cada situación es diferente, indicó que suelen conocer al menos un par de casos de mayor gravedad al mes, además de otros relacionados con distintas formas de violencia.
Al preguntarle cuáles son las situaciones más comunes entre las usuarias, respondió que predominan la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Sus declaraciones coinciden con las tendencias registradas por las estadísticas oficiales y refuerzan la percepción de que estos son los principales motivos de consulta en la localidad.
Respecto al funcionamiento de la ruta institucional, explicó que las remisiones son realizadas principalmente por la coordinación de la Manzana del Cuidado. Cuando una usuaria requiere acompañamiento especializado, es remitida a la dupla psicosocial y jurídica, responsable de brindar orientación legal y apoyo emocional tanto a mujeres como a personas cuidadoras.
Aunque afirmó no contar con información suficiente para establecer si la demanda ha aumentado durante el último año, señaló que la necesidad de atención se mantiene constante. También indicó que sectores como Patio Bonito y Bellavista presentan una mayor necesidad de acompañamiento debido a las condiciones sociales que enfrentan sus habitantes.
La formadora también destacó que la prevención de las violencias atraviesa gran parte de las actividades desarrolladas por la Manzana del Cuidado. Explicó que los cursos dirigidos a las personas cuidadoras incorporan, de manera transversal, el enfoque de género y el reconocimiento del valor del cuidado como una estrategia para promover relaciones más igualitarias.
Otro aspecto relevante surgió al preguntarle sobre el acceso de las mujeres a la ruta institucional. Desde su experiencia, las usuarias sí aceptan ingresar a los servicios de atención. Aunque recordó un caso en el que una mujer manifestó temor frente al proceso, consideró que, en términos generales, las mujeres acceden a las rutas cuando reciben orientación y acompañamiento oportunos.
Capítulo III. Leyes y decisiones judiciales que protegen a las mujeres.
La violencia contra las mujeres en Colombia no ocurre en un vacío jurídico. Durante las últimas décadas, el Estado ha construido un conjunto de normas destinadas a prevenir las violencias basadas en género, proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.
Sin embargo, la existencia de una ley no garantiza por sí sola que las mujeres reciban atención oportuna. Tampoco asegura que los casos disminuyan o que las rutas funcionen de manera efectiva.
Catherine Morales señaló que uno de los principales desafíos sigue siendo el reconocimiento de las diferentes formas de violencia. Según explicó, muchas mujeres identifican únicamente la violencia física, mientras que otras manifestaciones, como la violencia psicológica, económica o vicaria, continúan siendo normalizadas o pasan desapercibidas.
Esta situación demuestra que, además de fortalecer las rutas institucionales y el marco jurídico, persiste la necesidad de desarrollar estrategias de prevención y educación que permitan a las mujeres reconocer tempranamente las distintas formas de violencia y acceder oportunamente a los mecanismos de protección establecidos por la ley.
El 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira Cely fue víctima de una de las agresiones más violentas registradas en el país. Después de salir de una reunión con un conocido, fue llevada al Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Allí fue violentada y abandonada con heridas que comprometieron gravemente su vida. Murió cuatro días después en un hospital de Bogotá.
En ese momento, el Código Penal colombiano no contemplaba el feminicidio como un delito autónomo. Por esa razón, estos hechos eran investigados como homicidios agravados.
Como respuesta, en 2015 el Congreso aprobó la Ley 1761 de 2015, conocida precisamente como Ley Rosa Elvira Cely. La norma creó el delito autónomo de feminicidio y estableció que estos casos deben investigarse con un enfoque especializado.
La ley reconoce que la violencia contra las mujeres responde a patrones de discriminación y desigualdad estructural. También fortaleció las obligaciones del Estado en materia de prevención, investigación y sanción.
La creación de esta ley, impulsada por la familia Cely, en conjunto con la abogada Isabel Agatón y la entonces senadora Gloria Inés Ramírez, representó un avance significativo para la justicia colombiana. Desde entonces, las autoridades ya no investigan estos hechos únicamente como homicidios, sino que deben determinar si existieron razones de género que configuren el delito de feminicidio.
Esta diferenciación busca evitar la impunidad, mejorar la investigación y visibilizar una forma específica de violencia que históricamente había permanecido invisibilizada.
Uno de los principales avances en materia de protección fue la Ley 1257 de 2008, considerada la base del sistema actual de atención a mujeres víctimas de violencia. Su propósito es garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Para ello, establece medidas de prevención, atención, protección, sanción y reparación integral.
La ley también reconoce que la violencia contra las mujeres no se limita a las agresiones físicas, sino que incluye daños psicológicos, sexuales, económicos y patrimoniales. Las Casas de Igualdad de Oportunidades, la orientación psicosocial, la asesoría sociojurídica, las medidas de protección y las campañas de prevención responden a los principios establecidos por la Ley 1257.
Otra norma fundamental es la Ley 2126 de 2021, que fortaleció las funciones de las Comisarías de Familia y reafirmó su papel como primera autoridad encargada de adoptar medidas urgentes de protección frente a la violencia intrafamiliar. La norma buscó mejorar la articulación entre las diferentes entidades y garantizar respuestas más rápidas para las víctimas.
Aunque el marco jurídico colombiano ha fortalecido la protección de las mujeres durante los últimos años, la aplicación de estas normas depende de la actuación de las instituciones encargadas de hacerlas cumplir. Varias decisiones recientes de la Corte Constitucional muestran que, cuando las entidades no responden de manera oportuna o coordinada, los derechos de las víctimas pueden resultar vulnerados.
La Sentencia T-145 de 2017 evidenció cómo las fallas institucionales pueden agravar la situación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar. En este caso, una mujer de 77 años, residente en Kennedy, denunció durante años la violencia intrafamiliar ejercida por su compañero permanente.
La Comisaría Octava de Familia de Kennedy ordenó el desalojo del agresor y otras medidas de protección. Posteriormente, un juez revocó esas medidas, lo que llevó a la mujer a acudir a la Corte Constitucional porque consideró que la decisión la dejaba nuevamente en riesgo.
Finalmente, la Corte le dio la razón y encontró que varias entidades no actuaron con la diligencia necesaria para garantizar su protección, pese a que existían antecedentes de agresiones y solicitudes de ayuda.
Como resultado, ordenó fortalecer las medidas de protección y recordó que las autoridades deben actuar de manera coordinada, rápida y con enfoque de género. La decisión dejó claro que la intervención estatal no puede limitarse a recibir denuncias; también debe prevenir que la violencia continúe.
Por otra parte, la Sentencia T-027 de 2025 volvió a poner en evidencia la importancia de una actuación institucional coordinada frente a las violencias basadas en género. El caso surgió después de que una mujer denunciara haber sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de su expareja, quien continuó enviándole correos electrónicos tanto a ella como a su lugar de trabajo tras la ruptura de la relación.
La Corte determinó que las entidades encargadas omitieron valorar adecuadamente el contexto de violencia denunciado, lo que puso en riesgo los derechos de la víctima. En consecuencia, ordenó adoptar medidas para garantizar una atención integral y reiteró que la respuesta institucional debe ser inmediata, coordinada y libre de estereotipos.
El fallo confirma que las rutas de atención no solo deben existir, sino también funcionar de manera efectiva para proteger la vida y la integridad de las mujeres.
Capítulo IV. ¿Qué puede hacer una mujer víctima de violencia en Kennedy?
Kennedy cuenta con una red institucional diseñada para orientar y proteger a las mujeres víctimas de violencia basada en género. Sin embargo, muchas veces estas rutas son poco conocidas o generan confusión entre quienes necesitan ayuda.
El primer paso consiste en buscar orientación lo antes posible. La atención no depende únicamente de presentar una denuncia penal. Las mujeres también pueden recibir acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y medidas de protección mientras deciden cómo proceder frente a la situación de violencia.
En Kennedy existen diferentes instituciones que cumplen funciones específicas dentro de esta ruta. La Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres ofrece orientación psicológica y jurídica gratuita, además de acompañamiento para activar las rutas institucionales. Las Comisarías de Familia pueden dictar medidas de protección inmediatas cuando existe violencia intrafamiliar o riesgo para la integridad de la víctima. En los casos que constituyen un delito, la Fiscalía General de la Nación recibe las denuncias e inicia las investigaciones penales correspondientes.
Además de acudir presencialmente a estas entidades, las mujeres pueden iniciar la ruta de atención a través de las líneas telefónicas de emergencia. La Línea Púrpura Distrital brinda orientación las 24 horas a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. La Línea 155 presta atención y orientación a nivel nacional. Si la situación representa un riesgo inmediato para la vida o la integridad de la víctima, la recomendación es comunicarse con la Línea 123, desde donde se coordina la respuesta de las autoridades competentes.
La oferta institucional en Kennedy incluye, además, la Personería de Kennedy, el Hospital de Kennedy, el CAPIV (Centro de Atención Penal Integral a Víctimas), los Centros de Encuentro para la Paz, las Casas de Justicia, la Estación de Policía, los diferentes CAI de la localidad y las Manzanas del Cuidado, que orientan a las mujeres y realizan remisiones para la atención psicosocial y jurídica cuando identifican posibles casos de violencia.
Además de la atención institucional, la Alcaldía Local desarrolla actividades de prevención y difusión de las rutas de atención directamente en el territorio. Según explicó la psicóloga Paola Portilla, estas acciones incluyen jornadas informativas en barrios, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y espacios de participación ciudadana, con el propósito de acercar la información a las mujeres y promover el reconocimiento temprano de las diferentes formas de violencia.
Portilla explicó que estas actividades buscan que las mujeres conozcan sus derechos antes de enfrentar una situación de violencia y sepan identificar oportunamente las rutas de atención disponibles. La estrategia también pretende disminuir el desconocimiento sobre los servicios institucionales y fortalecer la prevención en los diferentes sectores de la localidad.
Conocer estas rutas resulta tan importante como denunciar. El acceso temprano a orientación psicológica, asesoría jurídica y medidas de protección puede evitar que la violencia continúe escalando y contribuir a proteger la vida y los derechos de las mujeres.
Como dijo Catherine Morales: "Pedir ayuda o iniciar una ruta no es una muestra de debilidad; por el contrario, puede ser una forma de salvar vidas”. La psicóloga Paola Portilla concluyó con un mensaje dirigido a las mujeres que aún no denuncian: "No está sola. Merece vivir con respeto, tranquilidad y seguridad. Denunciar puede dar miedo, pero su salud mental y su bienestar son lo más importante”.
Uso de IA en la investigación: La inteligencia artificial fue utilizada exclusivamente como una herramienta de asistencia editorial. Su función consistió en apoyar la corrección de estilo, la revisión ortográfica y la mejora de la fluidez de la escritura. La formulación de la hipótesis, la búsqueda y verificación de fuentes, las entrevistas, el análisis de la información y las conclusiones corresponden al trabajo realizado por la autora. Toda la información incorporada en el documento fue contrastada con fuentes oficiales, documentos institucionales, entrevistas y material periodístico antes de ser incluida en la investigación.